Barcelona, 15 de noviembre del 2018.-La mayoría de los países europeos están aprobando las normas que harán posible la transición del automóvil de combustión al eléctrico. Y uno de los aspectos clave es fijar los plazos para este cambio de época en la industria del automóvil. La fecha propuesta por el actual gobierno es 2040, año en el que no se permitirá la matriculación de turismo y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono (gasolina, diésel e híbridos). Además, los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar con zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023. El periódico La Vanguardia acaba de ofrecer los siguientes detalles: 

La propuesta –alegan los autores del informe- “es similar a la de Reino Unido”, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040, de modo que en el año 2050 ya no podrán circular. Francia también ha anunciado que prohibirá la venta de coches de combustión en 2040; Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda quiere lograrlo en 2030 y Noruega en 2025. 

Al fijar estas fechas para el fin de los vehículos convencionales, “el Gobierno manda señales claras para dirigir la producción de vehículos”, alegan fuentes del Ministerio. “Estos pasos ya han sido dados por algunos fabricantes”, se abunda.

Así, Volvo ya ha anunciado que a partir de 2019 solo venderá coches eléctricos. Toyota, marca pionera en el desarrollo de motores híbridos, dejará de vender vehículos diésel en Europa a finales de 2018. Y, además, “en España, ya hay comunidades que han tomado medidas en este sentido”, se alega como tercer argumento. 

Euroviñeta, más cerca

En materia de transporte por carretera, el Gobierno elaborará un estudio sobre el establecimiento de la Euroviñeta, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas infraestructuras. 

Asimismo, se establece la obligación de instalación de puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes, en distintos plazos en función de su volumen de ventas.

Sin ayudas a los combustibles fósiles 

A partir de la aprobación de la ley, “quedará prohibido el establecimiento de nuevos subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles”. Con este mismo fin, “se realizará un informe sobre el régimen fiscal que está siendo aplicado a los combustibles fósiles”, para identificar aquellas ayudas y medidas para llevar a cabo su revisión (con calendario incluido), “en línea con los objetivos de descarbonización”.

Desinversión en combustibles fósiles 

Por otro lado, la Administración General del Estado “no realizará nuevas inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles”. 

También se realizará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que el sector público estatal se desprenda de participaciones o instrumentos financieros de empresas que desarrollen actividades relacionadas con los combustibles fósiles Acuerdo de París.

Cambios para todos, cómo adaptarse

Se pretende con todo ello “dar una señal de que no se puede seguir haciendo uso de combustibles que generan emisiones como se ha hecho hasta ahora y que, además, constituyen un problema de salud pública en las grandes ciudades”, se explica en el documento de trabajo.

Conscientes del reto que supone, se destaca que la nueva regulación debe aportar “la claridad y la seguridad jurídica suficiente para que los cambios que deben generarse permitan la adaptación de todos los agentes, desde las administraciones, hasta las empresas y los ciudadano”.

Acuerdo de París 

Los autores del documento señalan que el objetivo de esta propuesta es “asegurar el cumplimiento del Acuerdo de París, acelerar la plena descarbonización de la economía” e implantar un modelo de desarrollo perdurable que genere empleo estable y de calidad. 

El objetivo final sería lograr la plena descarbonización de la economía en el año 2050 y que facilite las señales económicas y regulatorias que den estabilidad y seguridad a los inversores y otros agentes económicos. 

Emisiones: drásticos recortes (de 37 puntos para el 2030)

Por eso, se ha dibujado un ambicioso plan para reducir las emisiones de gases. Para el 2030, las emisiones de gases invernadero deberán recortarse al menos un 20% con respecto a 1990 (y el sistema eléctrico deberá contar con al menos un 70% de generación a partir de energías de origen renovable)

En estos momentos, nuestras emisiones están un 17% por encima del nivel de 1990. Por tanto, el objetivo a 2030 supone reducirlas en 37 puntos. “No hay país tan ambicioso dentro de la Unión Europea”,señala el Ministerio.

Para el 2050, las emisiones deberán reducirse en al menos un 90% con respecto al nivel de 1990. Además, el sistema eléctrico deberá basarse exclusivamente en fuente de generación de origen renovable (100%).

Impulso a las fuentes renovables: 3.000 MW al año

El impulso decidido a las renovables vendrá de la mano de los Planes Nacionales de Energía y Clima. 

El Gobierno desarrollará, durante el periodo 2020-2030, concursos para promover la instalación de un mínimo de 3.000 MW de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, según señala el documento.

Es decir, la energía limpia tendrá prioridad. Para hacerlo realidad “se reconoce la primacía en la instalación de plantas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes de origen renovable sobre aquellas que empleen otro tipo de tecnologías y la prioridad en el acceso y conexión a redes de transporte y distribución del sistema eléctrico”. 

El Ministerio para la Transición Ecológica promete “desarrollar reglamentariamente nuevos instrumentos” para fomentar las fuentes renovables así como establecer “un marco normativo estable, predecible, eficiente y claro en la generación de energía procedente de fuentes renovables”. Además, “las normas de desarrollo estarán orientadas a la simplificación de cargas y procedimientos administrativos.

Más información: La Vanguardia