Propuesta de bajar la velocidad máxima a 110 km/h para ahorrar combustible

Barcelona, 11 de mayo del 2022.- La tendencia alcista en el precio de los combustibles se mantiene y surgen nuevas propuestas para reducir su consumo como ha explicado el periódico El Mundo:

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha desvelado la inminente puesta en marcha de un plan de ahorro energético en la Administración General del Estado (AGE) y ha esparcido diversas “recomendaciones” a la población para ahorrar recursos energéticos. Como el transporte es una actividad crucial para el intento de limitar las importaciones de crudo, no ha faltado en sus explicaciones la referencia a la posibilidad de bajar de nuevo el límite máximo de velocidad en autopistas de 120 a 110 km/h,entre otras soluciones.

Desde el Ministerio han aclarado posteriormente a este diario que la titular de Transición Ecológica ha citado esa medida al responder a una pregunta concreta de un periodista en referencia a la reducción de la velocidad, pero que “no está sobre la mesa”, entre otras cosas porque no figura entre las competencias de su cartera y sí en las de Interior o Transportes.

Es una solución que se implantó con la crisis petrolera de 1973 y más recientemente en el último tramo del Gobierno de José Luis Rodríguez ZapateroLa limitación de velocidad entró en vigor el 7 de marzo de 2011 y declinó el 30 de junio. Tras esos apenas cuatro meses se ofrecieron desde Interior cifras de 450 millones de euros ahorrados (serían 1.300 millones anuales), aunque años después, el director general de Tráfico entonces (y ahora), Pere Navarro, afirmó que no se había dado a conocer exactamente el impacto económico de la medida y lamentó que durara tan poco tiempo.

Restar 157 millones de barriles

El Real Decreto dictado por el Gobierno tenía por objeto reducir el gasto de carburante entre el 11% en el caso del gasóleo y un 15% en el de la gasolina. Otros estudios rebajaban el ahorro a un 8%. La DGT se felicitó porque, a pesar de las protestas casi generalizadas (de la oposición en bloque y hasta de Fernando Alonso), la población había cumplido con la normativa y más allá de lo que suponía de menor consumo y agentes contaminantes se traducía en un alivio para las cifras de accidentes graves en carretera. El cambio de las señales con pegatinas en toda España, necesario para implementar la medida, costó 230.000 euros.

En realidad, Teresa Ribera se hacía eco del decálogo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir el consumo de combustibles fósiles y abaratar la factura de los países. Entre otras acciones, esta agencia creada por la OCDE propone fomentar el transporte público y el coche compartido, el teletrabajo, regular la temperatura del interior de los edificios, o adecuar los horarios de los centros de trabajo para consumir menos energía.

Según la AIE, reducir la velocidad máxima en las carreteras de 120 km/h a 110 km/h supondría un ahorro de 430.000 barriles de petróleo diarios, unos 157 millones de barriles en los países industrializados y 17.000 millones de euros de ahorro. Trasladadas estas cifras a los consumos españoles, hablaríamos de2.300 millones menos cada año.

Electrificar la movilidad oficial

Tras las explicaciones de Ribera sobre su plan de ahorro en organismos oficiales del Estado, que era realmente lo que le interesaba comunicar, la sección española de la organización Transport & Environment no tardó en añadir un elemento que no apareció en el discurso de la ministra: la electrificación de las flotas oficiales, que suman un total de 36.512 automóviles sin contar los vehículos policiales y de emergencias (bomberos ambulancias…). El parque de la Administración General del Estado (AGE) es de unos 10.500.

“Para Transport & Environment es necesario que se incluya en el plan [del Gobierno] la electrificación de las flotas, para que sea más efectivo. Es el momento de dar un paso firme al frente y aprobar unas normativas que incluyan objetivos más ambiciosos“, dice la agrupación de ecologistas especialistas en movilidad.

T&E también recuerda que en junio se cumplirán “los dos años que el Ejecutivo se iba a dar de plazo para renovar la flota pública de vehículos de la Administración General del Estado, formada por cerca de 10.500 vehículos”.

Las flotas públicas son “el mejor ejemplo para extender las medidas de ahorro energético“, ya que “el transporte rodado supone más de la mitad de la demanda de petróleo“, insiste T&E. “Es el momento propicio para implementar un plan para la electrificación de los vehículos de la Administración Pública, ya sea estatal, autonómica o local“.

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