Peajes en las autovías españolas desde 2024

Barcelona, 28 de setiembre del 2021.– El periódico El Confidencial ha publicado la siguiente información sobre los peajes en las autovías:

El proyecto va tomando forma: en 2024 los españoles pagaremos por usar las autovías, porque el Gobierno sigue adelante con su plan de establecer a partir de ese año un sistema de pago por uso cuya normativa debería estar completamente definida en junio de 2022, según recoge el documento (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) enviado a la Comisión Europea que para optar a los fondos de recuperación europeos (140.000 millones en ayudas) incluye ese nuevo ‘peaje’ entre sus medidas de reforma fiscal para contribuir a la transición ecológica. 

El objetivo, según el Gobierno, es acabar con el déficit de conservación de nuestra red viaria, que la Asociación Española de la Carretera (AEC) cifraba en 2019 en 7.000 millones de euros, aunque ahora ya ronda los 8.000 millones. Y el proyecto, al parecer, no cierra la puerta a que más adelante también se aplique al conjunto de la Red Estatal de Carreteras, incluyendo las nacionales y las secundarias, e incluso las vías de alta capacidad de competencia autonómica, lo que obligaría a una modificación legislativa previa. 

Pero la oposición al plan es fuerte. Y no solo desde los usuarios, pues un 78,9% de los conductores rechaza la medida según una encuesta del Real Automóvil Club de España (RACE) realizada en diciembre de 2020, sino también desde algunas comunidades. La Junta de Andalucía, por ejemplo, advertía a Sánchez el pasado mes de mayo de que en sus carreteras “no se va a pagar ni un solo peaje”, al tiempo que su consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, manifestaba su “más absoluto rechazo” a la propuesta porque “no es el momento de plantear este debate”, justo cuando el país se enfrenta a “una situación social de desempleo económico muy delicado” y estados del resto de Europa “plantean rebajas fiscales”. 

De hecho, el plan ha llegado a ser criticado en los últimos meses desde las propias filas socialistas, como cuando la entonces secretaria general del PSOE en Andalucía y expresidenta de la comunidad, Susana Díaz, expresó que “son impuestos que se cargan contra los trabajadores”, recordando cómo se había luchado durante años por eliminar el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz:“peleamos para quitar ese peaje y no comparto que se pongan otros, y creo que no es el momento”. En la misma línea se ha atacado el previsto pago por uso de las autovías desde la comunidad asturiana, cuya portavoz del Gobierno socialista, Melania Álvarez, indicaba meses atrás que “el peaje no puede ir directamente contra los usuarios en un territorio como Asturias”,reclamando que se tenga en cuenta su excepcionalidad periférica, la limitada red de carreteras estatales en esa comunidad o el alto precio que se paga por pasar hacia la Meseta. 

Desde el Gobierno de España se insiste en la coherencia del plan,subrayándose en diversas ocasiones que solo se pondrá en práctica si hay un amplio consenso político, social y económico, y especialmente con el sector del transporte, pues sus profesionales podrían ser incluidos entre los grupos de conductores que se beneficiasen de determinadas compensaciones, aún no explicadas. Pedro Saura, hasta hace poco secretario de estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, describía en su momento la medida como “justa”, porque “pagarán por las carreteras aquellos que las usan y, por tanto, contaminan”, sirviendo también, según Saura, para incentivar el trasvase hacia otros modos de transporte menos contaminantes, como el tren. 

Más explícito era hace unos meses el director general de Tráfico, Pere Navarro, con su tajante “el que lo usa, lo paga” para justificar que el mantenimiento de las autopistas y autovías no puede sufragarse con los Presupuestos Generales del Estado, lo que generó una oleada de respuestas que recordaban al principal responsable de la DGT otros servicios públicos que todos pagan, como Educación o Sanidad públicas, o infraestructuras aeroportuarias, pero que muchos no usan o no de la misma forma. Navarro, además, fue entonces más lejos al recordar que “cuando alguien viaja en tren, paga el billete”, pasando por alto que los automovilistas ya pagan por sus viajes por carretera: han comprado o alquilado su vehículo, abonando los impuestos correspondientes; han generado también diferentes impuestos por el uso de combustibles o la recarga de electricidad, el abono del seguro o las operaciones de taller… Y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ve “un claro afán recaudatorio’ en el proyecto, defiende que su prevista aplicación supondría un triple coste para los ciudadanos, pues además de tributar ya por circular y tener que pagar un extra por el uso de las autovías, verán cómo muchos productos y servicios se encarecerán por el aumento de los costes del transporte. 

Al respecto, y si tomamos como referencia el 2019, último ejercicio ‘normal’ completo, la recaudación total del estado por impuestos al carburante fue de 19.804 millones de euros (12.264 millones reales y 7.540 de IVA), más del doble de lo que necesitan nuestra carreteras para cubrir el déficit de mantenimiento. Porque el 49% de lo que pagamos por el gasóleo y el 54% del coste de la gasolina son impuestos (Impuesto Especial sobre Hidrocarburos e IVA). Además, la DGT recaudó en ese mismo año 374 millones de euros en multas, y a todas estas cantidades habría que sumar el impuesto de matriculación, el del seguro, el IVA aplicado a la inspección obligatoria de las ITV, a los talleres… Así las cosas, desde el RACE recuerdan que los automovilistas, ya sean particulares o profesionales de la carretera, pagan más de 30.000 millones de euros cada año entre impuestos directos, indirectos y diversas tasas, cifra que por sí sola daría para reponer todo lo que está mal en las autovías y asegurar el mantenimiento de las vías rápidas durante más de 15 años. Es decir, que la ya famosa ‘abuelita’ a la que hacía referencia Pere Navarro, y que según él no tenía por qué pagar el coste de las carreteras estatales (aunque muchas ‘abuelitas’ conducen), ya tienen hijos, nietos o sobrinos que pagan sobradamente por ella.

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